En Occidente la libertad religiosa se ve hoy limitada a menudo por imposiciones basadas en leyes antidiscriminación o exigencias, a cambio de financiación pública, que impiden a las instituciones o a las personas actuar de acuerdo con sus convicciones.
El cardenal George Pell, arzobispo de Sydney, recuerda en una conferencia dictada en la universidad australiana de Notre Dame que la libertad religiosa no es una “concesión” del Estado. Aquí tenéis un extracto.
La Dignitatis humanae (DH), la declaración fundamental del Concilio Vaticano II sobre la libertad religiosa, nos da el sentido esencial del concepto: el derecho a no ser coaccionado en asuntos de creencias religiosas y conciencia. “Todos los hombres han de estar inmunes de coacción, tanto por parte de individuos como de grupos sociales y de cualquier potestad humana, y esto de tal manera que, en materia religiosa, ni se obligue a nadie a obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella en privado y en público, solo o asociado con otros, dentro de los límites debidos” (n. 2).
Es cierto que si la libertad no está unida a la solidaridad, puede degenerar en una afirmación de uno mismo por encima de los demás […] Lo que esto significa para la libertad religiosa es que, como el resto de derechos, no es absoluta. Como señala la misma DH, “la sociedad civil tiene derecho a protegerse contra los abusos que puedan darse bajo pretexto de libertad religiosa” (n.7).
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